Como en todo escenario cercano al cambio de gobierno, uno de los tópicos que genera incertidumbre en los ciudadanos y las empresas es el económico y – dentro de él- definitivamente el tributario.
A diferencia de otros cambios de gobierno, la incertidumbre económica y tributaria no está dentro de un escenario común, pues estamos ad portas del bicentenario de la República, con lo cual las expectativas sobre el desarrollo económico son mucho mayores a las usuales. La persona que ocupa la silla de Pizarro asumirá los activos y pasivos generados, no sólo en su quinquenio, sino en los doscientos años de existencia de nuestra nación.
¿Cuál es el balance en materia tributaria hasta el día de hoy?
La última reforma al sistema tributario ocurrió en diciembre de 1993, aun cuando sus bases normativas se encuentran en la profunda reforma tributaria realizada en diciembre de 1990, cuando a través de los Decretos Legislativos del 617 al 623 se derogó una exorbitante cantidad de tributos ineficientes y de baja recaudación que distraían y complicaban la labor de control, sin generar mayores recursos al Estado. Aquí se puede mencionar los casos del Impuesto a las Ventas al exterior, el Impuesto a las exportaciones por el puerto de Paita y el Tributo a los Productos Pesqueros.
Posteriormente, por Decreto Ley 25988 de diciembre de 1992, se derogó otro gran grupo de tributos destinados y de escasa recaudación, así como tasas cuyo rendimiento tenían un destino ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios (por ejemplo, el tributo por salida al exterior) y una serie de privilegios y beneficios tributarios.
Dicho Decreto Ley, a su vez, de forma que juzgamos adecuada, mencionó en forma ordenada cuáles eran los tributos vigentes en el país, fórmula que fue posteriormente adoptada por el Decreto Legislativo 771 en diciembre de 1994, vigente hasta nuestros días.
Retrocediendo por un instante al 1 de enero de 1994, nos encontramos con un sistema tributario racionalizado, con una relación de tributos listados, con muy pocas exoneraciones y beneficios tributarios, y con reglas claras que facilitaban su entendimiento por parte de los operadores del sistema.
Pero, 22 años después, nos encontramos con que dicho sistema ha cambiado gracias a diversas alteraciones a las que los legisladores nos han tenido acostumbrados cada 31 de diciembre de estos años, teniendo hoy un amasijo de regímenes tributarios confusos y contradictorios, con excesivas formalidades que cooperan para incrementar la inseguridad jurídica en materia tributaria que percibe aquél que planea realizar una inversión en el Perú.
